intervención y prevención En el segundo punto, el magistrado diferencia entre los actos de los gestores que suponen prevención y los que suponen intervención. Primero, se refiere a los argumentos de los administradores por los que la Junta no se podría celebrar al no poderse luego ejecutar los acuerdos planteados en el orden del día. Y es que los gestores explicaron que, aunque se acordara promover acciones legales contra anteriores directivas, correspondería a ellos autorizar en última instancia la decisión. “No es de recibo pedir la anulación de un acuerdo del Consejo relativo a una convocatoria de Junta de forma preventiva al considerar que en esa Junta los acuerdos que se pretenden tomar no van a ser adoptados. (…) De esta manera no se interviene un acto del deudor, sino que se impide que ese deudor manifieste su voluntad”, señala el magistrado.

Éste añade explicaciones al asunto. “El acuerdo de la Junta es el acto por el cual el máximo órgano societario decide por mayoría en los asuntos que son de su competencia; en definitiva, no habrá acto de la sociedad en los asuntos sometidos a acuerdo de la Junta hasta que dicho acuerdo sea adoptado; por lo tanto, la convocatoria y el acuerdo del Consejo de convocar Junta no es sino la premisa necesaria para que la Junta se pueda reunir y adoptar acuerdos”.

cuentas Siempre dentro de este segundo punto, el juez se refiere al punto del orden del día relativo a la aprobación de cuentas, y especifica que la administración concursal “tiene facultades para autorizar o dar su visto bueno” a dichas cuentas. Sin embargo, señala que “esa cuestión ya se diferiría a un momento posterior, como sería el supuesto de que la Junta aprobara las cuentas. (…) El acto/acuerdo societario como reflejo de la voluntad de la persona jurídica no se dará hasta que se adopte el acuerdo y será entonces cuando proceda la intervención”. Los accionistas serán los encargados de decidir si, por ejemplo, se aprueban las cuentas y se emprenden acciones legales ante anteriores gestores. A continuación, corresponderá a los administradores autorizar la ejecución de dichos acuerdos. “La intervención no es preventiva, sino a posteriori”.

Malagón también señala en el escrito que, “en otro orden de cosas”, la convocatoria de la Junta “conlleva una serie de gastos que deben ser autorizados por la administración concursal. (…) En todo caso, no puede dejar de autorizarse la celebración de una Junta por la vía de no permitir los gastos”.

convocatoria En el tercer y último punto de los Fundamentos de Derecho expuestos, el juez recuerda que “lo que se impugna es el acuerdo del Consejo por el que se convoca la Junta”, a lo que añade más adelante: “El acuerdo cuya nulidad se pide no está sujeto a las facultades de la intervención y/o autorización de la administración concursal y, por ello, no tiene incidencia en el propio desarrollo del procedimiento concursal”.

Además, el juez considera “bastante dudoso que sean impugnables los actos de formulación de cuentas”, y señala a los administradores una vía por la que la citada formulación de cuentas podría haber sido intervenida mediante una solicitud (incidente concursal) como la presentada. Les indica que si Consejo y gestores no llegan a un entendimiento en la formulación de las cuentas, es al propio juez a quien corresponde resolver el desacuerdo. “Tal resolución deberá de hacerse por el cauce del incidente concursal, pero siempre que lo que se pida sea relativo a la anulación del acuerdo de las cuentas, lo que no es el caso”.

El auto concluye con la Parte Dispositiva. “Se inadmite la demanda de incidente concursal presentada por la administración concursal contra la Real Sociedad en petición de anulación de acuerdo del Consejo de Administración relativo a la Junta General de Accionistas para el 20 de diciembre de 2008″. Los concursales tienen ahora cinco días para recurrir.

Con estas afirmaciones, los administradores entienden que los tres primeros puntos del orden del día de la Junta (aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado del ejercicio social, y examen y aprobación de la gestión desarrollada por ) no se pueden votar, al resultar “inviable su examen y aprobación, dada la inexistencia” de los citados documentos y, “máxime, cuando no se han facilitado a los accionistas con la antelación legal preceptiva”.

orden del día El documento presentado por los administradores concursales justifica la petición de suspensión de la Junta con la imposibilidad de votar los tres primeros puntos del orden del día, al “no existir” aún cuentas anuales, ni informe de gestión. Sin embargo, el escrito entregado ayer al juez también analiza los efectos que la suspensión del acto tendría en los tres puntos restantes.

Respecto al cuarto (nombramiento de los consejeros Antoñana Moraza, Naya y Soroa) y al sexto (revocación de la auditora del club), el documento señala que “no existe ningún problema” en que ambos asuntos sean tratados en Juntas posteriores. Lo más noticioso, sin embargo, son los argumentos utilizados para indicar que puede prescindirse de la votación del punto quinto (acción de responsabilidad social frente a antiguos gestores) sin incidencia alguna.

responsabilidades Los gestores judiciales señalan a este respecto que “la administración concursal está legitimada para ejercitar la acción de responsabilidad civil frente a los administradores, y la ejercitará si lo considera conveniente. Si no lo ha hecho ya es porque considera que aún no se ha concretado ni cuantificado dicha responsabilidad, o que no es el momento oportuno para hacerlo. Conforme al artículo 54.2 de la Ley Concursal, la concursada necesitará la conformidad de la administración concursal para interpretar demandas”.

En otras palabras, en estas líneas se viene a decir que, por mucho que los accionistas aprueben este punto, los administradores “no podrán dar su conformidad” a que las acciones legales se ejerzan.

Por otro lado, el Consejo de Administración quiere dejar constancia de que todos los miembros mantienen sus cargos y niega cualquier rumor manifestando no sólo la absoluta cohesión de todos sus componentes que lo integran sino el denodado esfuerzo de trabajo que están realizando.

Por contra, la Real Sociedad no presentó ayer el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ni el plan de viabilidad, documentos que entregará al magistrado a lo largo de la próxima semana. Este periódico se puso ayer en contacto con el portavoz de la directiva realista, Luis María Antoñana, quien se refirió al asunto. “Primero queremos estudiar el informe presentado por los administradores concursales y, en función de dicho estudio, presentaremos el ERE y el plan de viabilidad”, señaló el portavoz, quien aseguró que la directiva espera contar con el informe en cuestión el próximo lunes.

polémica Como era de esperar, el día no estuvo exento de polémica, ya que el portavoz de la directiva realista, Luis María Antoñana Moraza, denunció que los administradores no entregaron al juez únicamente el citado informe. “Han entregado un informe muy voluminoso en el que se analiza la gestión del club, pero también le han presentado al magistrado un documento adjunto en el que recomiendan destituir al Consejo de sus funciones”, señaló el propio Antoñana Moraza en declaraciones efectuadas a este periódico.

El portavoz txuri-urdin explicó a continuación cuáles son, según la directiva realista, los motivos por los que se habría presentado el “documento” al que se refirió. “Los administradores no quieren que la recomendación de destituir al Consejo figure en el informe. Lo hacen en un anexo para eludir responsabilidades. En el mismo, aducen la mala relación de la directiva con los principales acreedores del club, una justificación insuficiente. El Consejo ha de llevar a cabo una gestión eficaz. Ése es su cometido”.

37 millones de deuda Según una relación provisional de acreedores de la Real fechada a 31 de mayo de 2008, la deuda de la entidad asciende a más de 30 millones de euros, tal y como publicó en su edición de ayer Mundo Deportivo . En la misma información se aclara que la cantidad no es definitiva, aunque sí que permite orientarse de la cifra que deberá abonar a los acreedores. Según otras fuentes del club consultadas por este periódico, el desfase patrimonial del club sería superior a los 50 millones de euros, lo que significa que existe una importante diferencia entre los libros contables de la entidad txuri-urdin y la realidad.

La lista provisional de acreedores, que publica con detalle el diario deportivo, reconoce a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la Kutxa y a Quentin Designs, por este orden, como principales acreedores del club. A este último, que al parecer no es un banco y forma parte del grupo Lighthouse, se le adeudan 2.234.000 euros. Lo que resulta evidente es que el futuro de la Real va a depender de la cooperación de estas tres corporaciones.

En la relación aparecen farmacias, hoteles, comercios, empresas de transportes, ferreterías, agencias de viaje, entre otras, entrenadores , como Dadie, y jugadores como Xabi Alonso, Peyremans o Garitano.